La administración de Donald Trump ha lanzado una nueva ofensiva migratoria al proponer la revocación de la ciudadanía estadounidense a migrantes naturalizados que hayan cometido delitos civiles.

Según un memorando del Departamento de Justicia fechado el 11 de junio, se insta a los fiscales a priorizar los procesos de desnaturalización en casos que incluyan delitos como fraude financiero, tráfico de personas, delitos sexuales, pertenencia a cárteles de droga o incluso violaciones a programas como Medicaid y Medicare.

Lo más polémico es que estos procedimientos se llevarían a cabo por la vía civil, lo que significa que los acusados no tendrían derecho a un abogado, a diferencia de los procesos penales. Además, el documento otorga amplia discrecionalidad a los fiscales para decidir qué casos procesar, lo que ha generado preocupación entre expertos legales por el riesgo de arbitrariedad y violaciones a los derechos fundamentales.

La medida ha sido comparada con prácticas de la era McCarthy, cuando se utilizó la desnaturalización como herramienta política. Aunque la desnaturalización no es nueva, también se aplicó durante el gobierno de Obama en casos de fraude migratorio. Esta nueva directiva amplía su alcance y la convierte en una de las cinco prioridades del Departamento de Justicia bajo la actual administración.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizó redadas en parroquias católicas de Montclair y Highland, en el sur de California, deteniendo a varios migrantes en espacios tradicionalmente considerados santuarios.

Estos operativos, que rompen con la política previa de no intervenir en “zonas sensibles” como templos religiosos, han generado alarma entre feligreses, líderes religiosos y defensores de derechos humanos.

El obispo de San Bernardino, Alberto Rojas, denunció públicamente la irrupción de agentes federales en propiedades parroquiales, calificándola como una violación del espíritu de acogida cristiana.

Las iglesias, que históricamente han brindado refugio, alimentos y asistencia legal a migrantes, ahora enfrentan una caída en la asistencia y un clima de miedo generalizado, incluso entre personas con estatus migratorio legal.

La medida responde a un cambio en la política migratoria bajo la administración Trump, que eliminó las restricciones a los operativos en lugares sensibles. Organizaciones civiles han exigido el cese inmediato de estas acciones, mientras crecen las protestas en ciudades como Los Ángeles. La tensión se agrava con el despliegue de tropas federales en zonas de manifestación, lo que ha sido interpretado como una escalada en la represión migratoria.