Según un memorando de inteligencia del FBI dado a conocer recientemente, algunos funcionarios de la dictadura de Nicolás Maduro podrían estar vinculados con el accionar del grupo criminal Tren de Aragua en Estados Unidos. Esta revelación se enmarca en una tensa discusión entre agencias de inteligencia sobre el uso de una ley de tiempos de guerra por parte del presidente Donald Trump.

El documento fue presentado a un juez federal en Texas antes de una audiencia, en medio de múltiples demandas que cuestionan la aplicación de la ley “Alien Enemies Act” para deportar a supuestos miembros de la banda a una prisión en El Salvador.

El memorando del FBI sugiere que la dictadura de Maduro podría estar facilitando la migración a Estados Unidos de miembros del Tren de Aragua para desestabilizar la seguridad pública estadounidense. Aunque el análisis destaca que el chavismo utiliza a miembros de la banda como proxis, muchas agencias de inteligencia, incluyendo la CIA y la NSA, han rechazado estas conclusiones del FBI, presentando una visión opuesta.

La carta del Consejo Nacional de Inteligencia destaca que no considera creíble la información que vincula a líderes venezolanos con la dirección o apoyo a las operaciones de la banda en Estados Unidos. Este desacuerdo en las evaluaciones generó un debate interno y algunos organismos señalan falta de evidencias concretas que sustenten la supuesta colaboración entre el régimen de Maduro y el grupo criminal.

Por su parte, el uso de la “Alien Enemies Act” por parte de Trump para efectuar deportaciones y sin juicio ha sido objeto de múltiples impugnaciones legales. La justicia estadounidense ha detenido estas actividades, citando que la ley no es aplicable al contexto migratorio presente, sino más bien a situaciones de guerra.

En marzo, Trump aseguró que la dictadura chavista controla al Tren de Aragua, lo cual justificó el uso de la mencionada ley para enviar aviones llenos de migrantes a El Salvador. El análisis de febrero por parte del Consejo Nacional de Inteligencia contradijo esta afirmación, provocando una investigación por filtración de información y subsecuentes solicitudes para reevaluar las conclusiones. A pesar de estas acciones, el consejo mantuvo su posición de que la visión del FBI no es creíble ni está respaldada por suficientes pruebas.

A su llegada al aeropuerto de Santiago, varios de los 45 chilenos deportados desde Estados Unidos denunciaron haber sufrido “malos tratos” y “vejaciones” durante su detención. Los expulsados alegan que fueron tratados de manera inhumana, con algunos de ellos durmiendo en el suelo sin acceso a comida.

Ricardo, uno de los deportados, relató frente a la prensa local que perdió todas sus pertenencias y que los agentes se burlaban de ellos. Este grupo de chilenos fue deportado por presuntamente permanecer de manera irregular en el país norteamericano.

“Abusan de nosotros. Los ‘sheriffs’ se ríen mientras nos tratan como perros. Yo dormía en el piso sin comer. Me perdieron todas mis cosas”, afirmó Ricardo, migrante que estuvo detenido siete días en Miami.

David Gallardo, padre de una de las deportadas, señaló que detuvieron a su hija durante una redada a finales de abril y que llegó “en un estado deplorable” a Santiago. “Tuvo la mala suerte de toparse con todo esto y vivir una pesadilla”, añadió, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias EFE.

El Ministerio del Interior de Chile confirmó que la deportación se realizó en coordinación con las autoridades estadounidenses, asegurando que todos los deportados estaban en incumplimiento de la normativa legal de EEUU. Sin embargo, el coreógrafo y bailarín chileno Yerko Aliaga, quien residía en Miami desde hace cuatro años, afirmó que su situación migratoria era legal y denunció haber recibido un trato “pésimo”.

Aliaga describió las condiciones de detención como inhumanas, mencionando que estuvieron “tirados en el suelo” en una sala conocida como “la hielera”, a 12 grados Celsius, sin colchonetas ni frazadas.

La situación ha generado preocupación en el gobierno chileno, que ha anunciado una investigación para determinar si los deportados recibieron la asistencia consular adecuada.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, reconoció la posibilidad de que se realicen más redadas en el futuro. Mientras tanto, su par de Seguridad Pública, Luis Cordero, indicó que la Cancillería investigará las denuncias de los deportados para evaluar “si requirieron asistencia consular y si esa asistencia consular fue otorgada o no”.

“El Estado de Chile tiene la obligación de otorgar asistencia consular a sus nacionales y solo después de eso es posible hacer una evaluación más precisasobre la afectación de derechos”, dijo Cordero, según declaraciones citadas por EFE