Más de 100 inmigrantes indocumentados fueron arrestados durante una operación de cumplimiento dirigida por el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE)en sitios de construcción en Tallahassee, Florida.

La redada se llevó a cabo el 29 de mayo, como parte de una operación conjunta de agencias bajo la dirección de ICE Homeland Security Investigations Tallahassee y con la colaboración significativa de múltiples agencias estatales y federales. Los detenidos provienen de varios países, incluidos Nicaragua, El Salvador, Guatemala, México, Venezuela, Colombia y Honduras.

Estas acciones de ejecución buscan eliminar los empleos ilegales y responsabilizar a los empleadores, además de proteger las oportunidades laborales para la fuerza laboral legal de Estados Unidos, afirmó Nicholas Ingegno, asistente del agente especial a cargo del HSI Tallahassee. Esta redada también fue respaldada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien la calificó como un “gran golpe”.

Sin embargo, la operación ha provocado un debate en la comunidad. A pesar de que algunos, incluidos funcionarios estatales, defendieron las acciones de ICE como necesarias para la seguridad pública, otros en Tallahassee se manifestaron en contra. La Tallahassee Immigrant Rights Alliance organizó una protesta el 30 de mayo en el Capitolio del Estado, argumentando que los arrestos no reflejan los valores de la comunidad.

Un operativo con múltiples agencias federales

La operación involucró a varias agencias del estado y federales, como la Florida Highway Patrol, el FBI, la Drug Enforcement Administration (DEA), Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF), el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida, y el Internal Revenue Service – Criminal Investigations (IRS).

La redada se enfocó en sitios de construcción, incluyendo un proyecto de apartamentos llamado Perla at the Enclave, cercano a la Universidad Estatal de Florida (FSU). Durante la operación, un individuo fue arrestado por resistirse a la detención y enfrenta cargos por cuatro delitos de asalto a oficiales de la ley. Otro intentó sacar un arma contra los agentes.

Según un memorando de inteligencia del FBI dado a conocer recientemente, algunos funcionarios de la dictadura de Nicolás Maduro podrían estar vinculados con el accionar del grupo criminal Tren de Aragua en Estados Unidos. Esta revelación se enmarca en una tensa discusión entre agencias de inteligencia sobre el uso de una ley de tiempos de guerra por parte del presidente Donald Trump.

El documento fue presentado a un juez federal en Texas antes de una audiencia, en medio de múltiples demandas que cuestionan la aplicación de la ley “Alien Enemies Act” para deportar a supuestos miembros de la banda a una prisión en El Salvador.

El memorando del FBI sugiere que la dictadura de Maduro podría estar facilitando la migración a Estados Unidos de miembros del Tren de Aragua para desestabilizar la seguridad pública estadounidense. Aunque el análisis destaca que el chavismo utiliza a miembros de la banda como proxis, muchas agencias de inteligencia, incluyendo la CIA y la NSA, han rechazado estas conclusiones del FBI, presentando una visión opuesta.

La carta del Consejo Nacional de Inteligencia destaca que no considera creíble la información que vincula a líderes venezolanos con la dirección o apoyo a las operaciones de la banda en Estados Unidos. Este desacuerdo en las evaluaciones generó un debate interno y algunos organismos señalan falta de evidencias concretas que sustenten la supuesta colaboración entre el régimen de Maduro y el grupo criminal.

Por su parte, el uso de la “Alien Enemies Act” por parte de Trump para efectuar deportaciones y sin juicio ha sido objeto de múltiples impugnaciones legales. La justicia estadounidense ha detenido estas actividades, citando que la ley no es aplicable al contexto migratorio presente, sino más bien a situaciones de guerra.

En marzo, Trump aseguró que la dictadura chavista controla al Tren de Aragua, lo cual justificó el uso de la mencionada ley para enviar aviones llenos de migrantes a El Salvador. El análisis de febrero por parte del Consejo Nacional de Inteligencia contradijo esta afirmación, provocando una investigación por filtración de información y subsecuentes solicitudes para reevaluar las conclusiones. A pesar de estas acciones, el consejo mantuvo su posición de que la visión del FBI no es creíble ni está respaldada por suficientes pruebas.