El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizó redadas en parroquias católicas de Montclair y Highland, en el sur de California, deteniendo a varios migrantes en espacios tradicionalmente considerados santuarios.

Estos operativos, que rompen con la política previa de no intervenir en “zonas sensibles” como templos religiosos, han generado alarma entre feligreses, líderes religiosos y defensores de derechos humanos.

El obispo de San Bernardino, Alberto Rojas, denunció públicamente la irrupción de agentes federales en propiedades parroquiales, calificándola como una violación del espíritu de acogida cristiana.

Las iglesias, que históricamente han brindado refugio, alimentos y asistencia legal a migrantes, ahora enfrentan una caída en la asistencia y un clima de miedo generalizado, incluso entre personas con estatus migratorio legal.

La medida responde a un cambio en la política migratoria bajo la administración Trump, que eliminó las restricciones a los operativos en lugares sensibles. Organizaciones civiles han exigido el cese inmediato de estas acciones, mientras crecen las protestas en ciudades como Los Ángeles. La tensión se agrava con el despliegue de tropas federales en zonas de manifestación, lo que ha sido interpretado como una escalada en la represión migratoria.

En un operativo conjunto en Bethlehem, Pensilvania, agentes de ICE detuvieron a 17 migrantes indocumentados que trabajaban en la restauración del complejo Five 10 Flats, afectado por un incendio en mayo.

Entre los detenidos hay 13 venezolanos, 2 mexicanos, 1 ecuatoriano y 1 nicaragüense. Según ICE, los trabajadores fueron contratados por un subcontratista y no contaban con autorización legal para trabajar en EE.UU.

El operativo forma parte de una estrategia nacional para reforzar el cumplimiento de leyes migratorias en entornos laborales. ICE argumenta que estas prácticas protegen a los trabajadores legales y evitan la explotación laboral.

Aunque no se ha revelado si el subcontratista enfrentará sanciones, la agencia advirtió que continuará con inspecciones similares en sectores como la construcción y la agricultura, donde se ha detectado un aumento en el empleo informal de migrantes.