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En Venezuela bandas criminales atacaron una sede de la Guardia Nacional

La estación militar de El Paraíso fue atacada por el grupo liderado por Carlos Luis Revete, alias “Koki”, por quien ofrecen una recompensa por medio millón de dólares. Dos de las víctimas son uniformados

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Crece la violencia y los enfrentamientos armados en Caracas, que dejaron hasta el momento ocho muertos -dos de ellos policías-. Este jueves por la tarde las bandas criminales que se enfrentan a los cuerpos de seguridad atacaron la sede de la Comandancia General de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en El Paraíso, en la capital venezolana.

El hecho quedó registrado en un video grabado desde el interior de la sede militar. En las imágenes se observa a varios uniformados escondidos detrás de barricadas hechas con sacos de arena, y se pueden escuchar decenas de detonaciones de armas de fuego.

El ataque fue perpetrado por la banda liderada por Carlos Luis Revete, alias “Koki”, por quien las autoridades chavistas ofrecen una recompensa de medio millón de dólares, al igual que por Garbis Ochoa Ruíz, alias “El Galvis”, y por Carlos Calderón Martínez, alias “El Vampi”.

“Estos se nos han escapado de las manos”, dijo a la agencia AFP bajo reserva un funcionario policial, resguardado en El Paraíso, donde está ubicada la comandancia general de la Guardia Nacional, cuerpo castrense a cargo del orden público.

Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), por su parte, lograron llegar a lo alto la Cota 905, barrio donde comenzaron el miércoles los enfrentamientos, y tomaron “La Gallera”, el lugar donde el Koki, Garbis y el Vampi hacían sus fiestas.

Un nuevo enfrentamiento entre policías y bandas criminales se registra en la capital venezolana desde el miércoles, con un saldo de al menos ocho fallecidos, la mayoría por balas perdidas, según medios locales. Tras varias horas de terror, las autoridades anunciaron este jueves un nuevo “despliegue” y recomendaron a la población “resguardarse”.

Cuando caía la noche en la capital venezolana, varios usuarios reportaron en las redes sociales que cortaron la luz en la Cota 905 y en parte de El Cementerio.

Uniformados con vehículos blindados se apostaron desde temprano en calles desiertas de El Paraíso, una zona de clase media en el oeste de Caracas, contigua a la barriada de la Cota 905, donde operan violentas bandas que por meses han protagonizado balaceras contra las fuerzas del orden.

Lo mismo hicieron en otras zonas del oeste de Caracas alcanzadas por la violencia sembrada por estas organizaciones delictivas.

Los delincuentes “tienen armas modernas”, reconoció a la AFP otro agente, que dijo estar esperando la “luz verde” para “limpiar todo esto de una vez”.

En el marco de estas arremetidas delictivas que se han recrudecido desde diciembre de 2020, la ministra de Interior y Justicia de la dictadura venezolana, Carmen Meléndez, se refirió en esa oportunidad a una “operación impecable” con más de 1.400 funcionarios que dejó 38 detenidos.

Este jueves la funcionaria informó “el despliegue de un nuevo operativo de protección y resguardo” a los habitantes de cinco amplios sectores de Caracas afectados por la criminalidad desatada. “Los organismos de seguridad del Estado continúan desplegados en las zonas vulneradas por estos criminales y no descansarán hasta rescatar el control absoluto (..) El llamado es a permanecer en resguardo, mantener la calma y la confianza en nuestras instituciones”, escribió en Twitter.

“Agradecemos de corazón al pueblo uniformado, a nuestros héroes y heroínas de los organismos de Seguridad Ciudadana y Paz, que echado el miedo a la espalda, están demostrando una vez más su vocación de servicio para proteger y resguardar a las familias de nuestra Patria (…) Una nueva demostración de la conciencia, de la fuerza histórica y la lealtad de un pueblo, amante de la Paz y que no se arrodilla ante las pretensiones de grupos delincuenciales aislados que siembran la violencia, odio y terror en nuestras comunidades”, escribió horas más tarde la ministra chavista, en un mensaje que fue compartido en sus redes sociales por el dictador Maduro.

Pese al peligro de caminar las calles de Caracas, durante la jornada de hoy vecinos del barrio Cota 905 se movilizaron con cacerolas para exigir el cese de las hostilidades.

Varios videos divulgados en redes sociales muestran a decenas de personas marchando por las calles, y golpeando las cacerolas. En uno de ellos se puede ver a tres personas trasladando a un niño que resultó herido en la cabeza. Por el momento no se sabe el estado de salud del menor.

El presidente interino Juan Guaidó sostuvo que Caracas volvió a amanecer este jueves “como zona de guerra”, con el miedo de la gente “de salir de su casa producto de la acción impune de bandas armadas”. “Esas bandas fueron armadas y justificadas por la dictadura como ‘zonas de paz’ para el control social. Hoy son descontrol total que arriesga la vida de todos y refleja el secuestro y ausencia del estado en la cotidianidad”.

“¿La Fuerza Armada seguirá en desfiles y exhibiciones o ejercerán el rol que les corresponde? ¿Seguirá entregando territorio y defendiendo delincuentes o ejercerá soberanía y hará cumplir con la constitución?”, agregó el líder opositor.

En las últimas horas al menos dos funcionarios policiales han resultado heridos, según una fuente médica. En Venezuela no hay cifras oficiales sobre violencia en general, y mucho menos de las muertes dejadas por estos enfrentamientos. El país registró 12.000 fallecidos en hechos violentos en 2020 según la ONG Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), una tasa de 45,6 por cada 100.000 habitantes, siete veces mayor a la media mundial.

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FBI vincula a Maduro con el Tren de Aragua, según un nuevo memorándu

El documento sugiere que el chavismo podría estar facilitando la migración a Estados Unidos de miembros de la peligrosa banda para desestabilizar la seguridad pública estadounidense

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Según un memorando de inteligencia del FBI dado a conocer recientemente, algunos funcionarios de la dictadura de Nicolás Maduro podrían estar vinculados con el accionar del grupo criminal Tren de Aragua en Estados Unidos. Esta revelación se enmarca en una tensa discusión entre agencias de inteligencia sobre el uso de una ley de tiempos de guerra por parte del presidente Donald Trump.

El documento fue presentado a un juez federal en Texas antes de una audiencia, en medio de múltiples demandas que cuestionan la aplicación de la ley “Alien Enemies Act” para deportar a supuestos miembros de la banda a una prisión en El Salvador.

El memorando del FBI sugiere que la dictadura de Maduro podría estar facilitando la migración a Estados Unidos de miembros del Tren de Aragua para desestabilizar la seguridad pública estadounidense. Aunque el análisis destaca que el chavismo utiliza a miembros de la banda como proxis, muchas agencias de inteligencia, incluyendo la CIA y la NSA, han rechazado estas conclusiones del FBI, presentando una visión opuesta.

La carta del Consejo Nacional de Inteligencia destaca que no considera creíble la información que vincula a líderes venezolanos con la dirección o apoyo a las operaciones de la banda en Estados Unidos. Este desacuerdo en las evaluaciones generó un debate interno y algunos organismos señalan falta de evidencias concretas que sustenten la supuesta colaboración entre el régimen de Maduro y el grupo criminal.

Por su parte, el uso de la “Alien Enemies Act” por parte de Trump para efectuar deportaciones y sin juicio ha sido objeto de múltiples impugnaciones legales. La justicia estadounidense ha detenido estas actividades, citando que la ley no es aplicable al contexto migratorio presente, sino más bien a situaciones de guerra.

En marzo, Trump aseguró que la dictadura chavista controla al Tren de Aragua, lo cual justificó el uso de la mencionada ley para enviar aviones llenos de migrantes a El Salvador. El análisis de febrero por parte del Consejo Nacional de Inteligencia contradijo esta afirmación, provocando una investigación por filtración de información y subsecuentes solicitudes para reevaluar las conclusiones. A pesar de estas acciones, el consejo mantuvo su posición de que la visión del FBI no es creíble ni está respaldada por suficientes pruebas.

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Chilenos deportados de Estados Unidos relatan maltratos y humillaciones

Algunos de los expulsados afirmaron haber dormido en el suelo sin comer, mientras que otros acusaron que estuvieron “tirados en el piso” de un lugar conocido como “la hielera”

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A su llegada al aeropuerto de Santiago, varios de los 45 chilenos deportados desde Estados Unidos denunciaron haber sufrido “malos tratos” y “vejaciones” durante su detención. Los expulsados alegan que fueron tratados de manera inhumana, con algunos de ellos durmiendo en el suelo sin acceso a comida.

Ricardo, uno de los deportados, relató frente a la prensa local que perdió todas sus pertenencias y que los agentes se burlaban de ellos. Este grupo de chilenos fue deportado por presuntamente permanecer de manera irregular en el país norteamericano.

Abusan de nosotros. Los ‘sheriffs’ se ríen mientras nos tratan como perros. Yo dormía en el piso sin comer. Me perdieron todas mis cosas”, afirmó Ricardo, migrante que estuvo detenido siete días en Miami.

David Gallardo, padre de una de las deportadas, señaló que detuvieron a su hija durante una redada a finales de abril y que llegó “en un estado deplorable” a Santiago. “Tuvo la mala suerte de toparse con todo esto y vivir una pesadilla”, añadió, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias EFE.

El Ministerio del Interior de Chile confirmó que la deportación se realizó en coordinación con las autoridades estadounidenses, asegurando que todos los deportados estaban en incumplimiento de la normativa legal de EEUU. Sin embargo, el coreógrafo y bailarín chileno Yerko Aliaga, quien residía en Miami desde hace cuatro años, afirmó que su situación migratoria era legal y denunció haber recibido un trato “pésimo”.

Aliaga describió las condiciones de detención como inhumanas, mencionando que estuvieron “tirados en el suelo” en una sala conocida como “la hielera”, a 12 grados Celsius, sin colchonetas ni frazadas.

La situación ha generado preocupación en el gobierno chileno, que ha anunciado una investigación para determinar si los deportados recibieron la asistencia consular adecuada.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, reconoció la posibilidad de que se realicen más redadas en el futuro. Mientras tanto, su par de Seguridad Pública, Luis Cordero, indicó que la Cancillería investigará las denuncias de los deportados para evaluar “si requirieron asistencia consular y si esa asistencia consular fue otorgada o no”.

“El Estado de Chile tiene la obligación de otorgar asistencia consular a sus nacionales y solo después de eso es posible hacer una evaluación más precisasobre la afectación de derechos”, dijo Cordero, según declaraciones citadas por EFE

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