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Dos cirujanas detenidas, desnudadas y esposadas en hospitales militares de Venezuela

Dan órdenes, sean activos o retirados de cualquier componente de las Fuerzas Armadas. Pretenden imponerse por encima de protocolos de seguridad, de recomendaciones médicas, de la asignación de personal. Todo con la excusa de la revolución

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La presencia de los militares en todas las instancias públicas del país pasó de ser intromisión para convertirse en un peligro para la población, cuando se trata de la administración de salud. Aunque ya no son ministros ni presidentes del Seguro Social, los militares siguen metidos en el área de Salud, lo que le permite a un sargento dar órdenes a profesionales de la medicina, como ocurre en el Hospital Calles Sierra del estado Falcón.

Es la herencia que dejó Hugo Chávez desde que nombró, como Ministro de Salud, al Mayor General Jesús María Mantilla Oliveros (2007-2009), al general (Ej) Carlos Alberto Rotondaro Cova (2009-2010), le siguió el coronel (Av) Luis Reyes Reyes (febrero a mayo 2010), después la coronela (Av) Eugenia Sader Castellanos (2010-2013), quien dejó una vergonzosa estela de corrupción, aunado a que también los militares controlaron durante años el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Los militares dan órdenes, sean activos o retirados, sean de la Guardia Nacional o de la Guardia del Pueblo o cualquier componente, pretendiendo imponerse por encima de protocolos de seguridad, de recomendaciones médicas, de la asignación de personal. Todo con la excusa de la revolución. Esa acción es más perversa aún si quien lo hace pregona estar amparado por altos funcionarios militares, del Ministerio de Salud y del Seguro Social.

Un hecho significativo sucede con Joelvic José Delgado Colina, Sargento Primero retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), y quien así se presenta para presionar o amenazar. Es el encargado de la vigilancia del Hospital Tipo III “Dr. Rafael Calles Sierra”, perteneciente al Instituto venezolano de los Seguros Sociales, ubicado en Punto Fijo, estado Falcón.

El cargo de Delgado Colina está adscrito a la Dirección General de Prevención y Control de Pérdidas (PCP) del Seguro Social, y publica ser Jefe de la ZISS Falcón (Zona Integral de Seguridad de la Salud) en el IVSS, desde donde se dedica a perseguir a mujeres médicos de ese Hospital, sin que ninguna autoridad del Hospital o del Seguro dé la cara por ellas, víctimas de un individuo misógeno cuando de mujeres profesionales se trata.

Con la excusa de ser chavista y revolucionario, el funcionario de vigilancia, quien vive en Punta Cardón, Punto Fijo, municipio Carirubana, y tiene adscrito un Centro de juegos y Apuestas, violenta las normas de la institución hospitalaria, los protocolos de seguridad, lo que ha llegado a convertirse en un grave riesgo de muerte para pacientes, personal del Hospital y población en general, porque Joelvic Delgado dispone el ingreso discrecional de familiares y amigos, así como ordena que sean hospitalizados pacientes en zonas de COVID, que no cuenta con las camas requeridas debido al alto número de contagiados que hay en la península de Paraguaná.

PRESAS Y SIN DEFENSA

El 24 de abril del año pasado dos doctoras del Hospital Calles Sierra fueron detenidas. Con frecuencia Joelvic Delgado hacía requisas en el dormitorio, con marcada insistencia en las guardias de las doctoras a quienes vigilaba de manera sistemática. Otras veces había encontrado insumos que el personal dejaba tirados.

Ese día la emergencia del Calles Sierra estaba a reventar. Delgado Colina le dice a una de las doctoras que le abra la puerta del dormitorio y ella le responde que le dé unos minutos mientras deja a alguien para que ingrese a unas parturientas.

Cuando llega al cuarto, la doctora se da cuenta que en la puerta no hay cerradura alguna, por lo que extrañada le dice al vigilante y al otro que lo acompañaba que para qué la buscan si en esa puerta no hay cerradura. “Es que alguien debe estar presente”, le responde Delgado.

La doctora empuja la puerta y de inmediato ingresa un funcionario de la Guardia Nacional, quien entra al baño y mira rápidamente, después se sube a la cama y saca del techo una bolsa con unas ampollas. Delgado Colina, levantando la voz, pregunta qué hace eso ahí; la respuesta de la doctora es que ella viene llegando de la calle y no sabe nada de eso y se retira hacia la emergencia.

Posteriormente se presenta la Policía Nacional y cuatro de esos funcionarios escoltan a la cirujana hasta la dirección del Hospital Calles Sierra, donde hay varios guardias nacionales, Joelvic Delgado, el director Chirino Fonseca, otros médicos, quienes estaban conversando. De repente sacan a los médicos y solo quedan las dos cirujanas con los funcionarios militares y policiales. Sobre la mesa había gran cantidad de insumos médicos.

Les dijeron que las dos mujeres debían ir a la sede de la Policía Nacional a dar declaraciones, hecho que fue aceptado por los directivos del Hospital. Ya en la sede de la PNB, el comandante de esta da la orden que les coloquen las esposas a las dos mujeres médicos y las detengan, siendo trasladadas a un cuarto, donde las desnudaron para requisarlas, les quitaron las pertenecías que tenían encima, les colocaron las esposas y les tomaron fotos para reseña policial.

Ahí las cirujanas se enteraron de que quien llamó a la PNB, a la GNB y denunció fue Joelvic José Delgado Colina. Todo el día permanecieron las médicos esposadas y sentadas en unas sillas, hasta que en la noche llegó la Fiscal Superior, se hizo el procedimiento requerido, sin que hubiese pruebas algunas más que la denuncia de Delgado por lo que las dos mujeres fueron dejadas en libertad plena al día siguiente después de la audiencia.

Cuando las mujeres se reincorporan a su trabajo, Delgado Colina se dedicó a perseguirlas, a acosarlas, hasta que una de ellas decidió no seguir en el Hospital Calles Sierra.

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FBI vincula a Maduro con el Tren de Aragua, según un nuevo memorándu

El documento sugiere que el chavismo podría estar facilitando la migración a Estados Unidos de miembros de la peligrosa banda para desestabilizar la seguridad pública estadounidense

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Según un memorando de inteligencia del FBI dado a conocer recientemente, algunos funcionarios de la dictadura de Nicolás Maduro podrían estar vinculados con el accionar del grupo criminal Tren de Aragua en Estados Unidos. Esta revelación se enmarca en una tensa discusión entre agencias de inteligencia sobre el uso de una ley de tiempos de guerra por parte del presidente Donald Trump.

El documento fue presentado a un juez federal en Texas antes de una audiencia, en medio de múltiples demandas que cuestionan la aplicación de la ley “Alien Enemies Act” para deportar a supuestos miembros de la banda a una prisión en El Salvador.

El memorando del FBI sugiere que la dictadura de Maduro podría estar facilitando la migración a Estados Unidos de miembros del Tren de Aragua para desestabilizar la seguridad pública estadounidense. Aunque el análisis destaca que el chavismo utiliza a miembros de la banda como proxis, muchas agencias de inteligencia, incluyendo la CIA y la NSA, han rechazado estas conclusiones del FBI, presentando una visión opuesta.

La carta del Consejo Nacional de Inteligencia destaca que no considera creíble la información que vincula a líderes venezolanos con la dirección o apoyo a las operaciones de la banda en Estados Unidos. Este desacuerdo en las evaluaciones generó un debate interno y algunos organismos señalan falta de evidencias concretas que sustenten la supuesta colaboración entre el régimen de Maduro y el grupo criminal.

Por su parte, el uso de la “Alien Enemies Act” por parte de Trump para efectuar deportaciones y sin juicio ha sido objeto de múltiples impugnaciones legales. La justicia estadounidense ha detenido estas actividades, citando que la ley no es aplicable al contexto migratorio presente, sino más bien a situaciones de guerra.

En marzo, Trump aseguró que la dictadura chavista controla al Tren de Aragua, lo cual justificó el uso de la mencionada ley para enviar aviones llenos de migrantes a El Salvador. El análisis de febrero por parte del Consejo Nacional de Inteligencia contradijo esta afirmación, provocando una investigación por filtración de información y subsecuentes solicitudes para reevaluar las conclusiones. A pesar de estas acciones, el consejo mantuvo su posición de que la visión del FBI no es creíble ni está respaldada por suficientes pruebas.

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Chilenos deportados de Estados Unidos relatan maltratos y humillaciones

Algunos de los expulsados afirmaron haber dormido en el suelo sin comer, mientras que otros acusaron que estuvieron “tirados en el piso” de un lugar conocido como “la hielera”

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A su llegada al aeropuerto de Santiago, varios de los 45 chilenos deportados desde Estados Unidos denunciaron haber sufrido “malos tratos” y “vejaciones” durante su detención. Los expulsados alegan que fueron tratados de manera inhumana, con algunos de ellos durmiendo en el suelo sin acceso a comida.

Ricardo, uno de los deportados, relató frente a la prensa local que perdió todas sus pertenencias y que los agentes se burlaban de ellos. Este grupo de chilenos fue deportado por presuntamente permanecer de manera irregular en el país norteamericano.

Abusan de nosotros. Los ‘sheriffs’ se ríen mientras nos tratan como perros. Yo dormía en el piso sin comer. Me perdieron todas mis cosas”, afirmó Ricardo, migrante que estuvo detenido siete días en Miami.

David Gallardo, padre de una de las deportadas, señaló que detuvieron a su hija durante una redada a finales de abril y que llegó “en un estado deplorable” a Santiago. “Tuvo la mala suerte de toparse con todo esto y vivir una pesadilla”, añadió, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias EFE.

El Ministerio del Interior de Chile confirmó que la deportación se realizó en coordinación con las autoridades estadounidenses, asegurando que todos los deportados estaban en incumplimiento de la normativa legal de EEUU. Sin embargo, el coreógrafo y bailarín chileno Yerko Aliaga, quien residía en Miami desde hace cuatro años, afirmó que su situación migratoria era legal y denunció haber recibido un trato “pésimo”.

Aliaga describió las condiciones de detención como inhumanas, mencionando que estuvieron “tirados en el suelo” en una sala conocida como “la hielera”, a 12 grados Celsius, sin colchonetas ni frazadas.

La situación ha generado preocupación en el gobierno chileno, que ha anunciado una investigación para determinar si los deportados recibieron la asistencia consular adecuada.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, reconoció la posibilidad de que se realicen más redadas en el futuro. Mientras tanto, su par de Seguridad Pública, Luis Cordero, indicó que la Cancillería investigará las denuncias de los deportados para evaluar “si requirieron asistencia consular y si esa asistencia consular fue otorgada o no”.

“El Estado de Chile tiene la obligación de otorgar asistencia consular a sus nacionales y solo después de eso es posible hacer una evaluación más precisasobre la afectación de derechos”, dijo Cordero, según declaraciones citadas por EFE

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