El caso de la joven sentenciada en el Reino Unido expone profundos problemas con la justicia británica

¿Es culpable Lucy Letby? La pregunta persiste desde agosto de 2023, cuando un jurado determinó que la enfermera había asesinado a siete bebés y había intentado matar a otros seis en el hospital Countess of Chester, en el noroeste de Inglaterra. A los ojos del Estado, durante mucho tiempo cualquier duda sobre la condena no era más que una falsa teoría de la conspiración. Letby ha tenido dos apelaciones rechazadas; en julio de 2024, en un nuevo juicio precedido por nueve meses de restricciones a la información, un segundo jurado la declaró culpable de otro cargo de intento de asesinato. Una investigación pública en curso se basa en su culpabilidad. Su presidenta, Lady Justice Thirlwall, descartó las especulaciones sobre el caso como “ruido”.

Sin embargo, las dudas han aumentado. Lo que comenzó con algunos escépticos se hizo más pesado con un artículo del New Yorker y el cuestionamiento de los estadísticos. Ahora, científicos y políticos eminentes también están preocupados. En una conferencia de prensa celebrada en Londres el 4 de febrero, un equipo internacional de expertos en neonatología dirigido por Shoo Lee, neonatólogo canadiense jubilado, concluyó que todas las muertes y lesiones atribuidas a Letby se debieron en realidad a causas naturales o errores médicos. Los resultados se enviaron a la Comisión de Revisión de Casos Penales (CCRC), un organismo independiente con la facultad de remitir los casos a los tribunales.

Ninguno de los expertos llega a afirmar que Letby es inocente. La cuestión es si su condena se basó en pruebas poco fiables y, por tanto, no era segura en términos legales. Si así fuera, la enfermera podría ser víctima de uno de los errores judiciales más sonados de la historia británica. Independientemente del resultado, el caso plantea inquietantes preguntas sobre el funcionamiento del Estado

británico.

Parte de la complejidad reside en el hecho de que el caso contra Letby fue completamente circunstancial. No hubo testigos oculares, pruebas forenses ni motivos que pudieran considerarse. Sin embargo, hubo un marcado aumento de las muertes neonatales de la condesa de Chester. En un período de 13 meses en 2015 y 2016, murieron 13 bebés, una cifra inusualmente alta en comparación con las dos o tres muertes de años anteriores. Sospechando que se trataba de un crimen, los médicos acusaron a Letby, la enfermera de turno durante la mayoría de los incidentes. Finalmente, el fideicomiso del hospital informó del caso a la policía de Cheshire.

Desde el principio, la policía se basó en un análisis estadístico defectuoso para construir su caso. Pidieron a Jane Hutton, una estadística médica de la Universidad de Warwick, que calculara la probabilidad de que un miembro del personal pudiera estar de servicio con tanta frecuencia cuando se produjeron las muertes o los desmayos. Tal enfoque sería erróneo, les dijo la profesora Hutton: corría el riesgo de equiparar una baja probabilidad de que se produjeran una serie de acontecimientos con una alta probabilidad de culpabilidad. Antes de buscar a un sospechoso, deberían considerar primero todas las explicaciones posibles, sugirió. La policía estuvo de acuerdo con este análisis, pero más tarde lo abandonó como línea de investigación por consejo del Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS).

La mayor parte del caso se basó en pruebas médicas, interpretadas para el jurado por testigos expertos durante diez meses. Dewi Evans, un pediatra consultor jubilado que se había ofrecido a ayudar, fue el testigo estrella de la acusación. Habló con seguridad sobre cómo se habían producido los colapsos y muertes repentinas de los bebés: las únicas explicaciones posibles, argumentó, eran que les habían inyectado aire de diversas formas, los habían alimentado a la fuerza con leche, les habían infligido traumas y los habían envenenado con insulina.

Sin embargo, en este caso también las pruebas no están exentas de controversia. Durante el primer juicio se supo que un juez en otro caso había criticado el testimonio del Dr. Evans por considerarlo parcial y “sin valor”. El Dr. Lee intervino después de ver que el Dr. Evans había malinterpretado un documento del que había sido coautor en 1989 sobre embolias aéreas. Los 14 expertos de algunos de los mejores institutos de salud infantil del mundo examinaron 17 casos relacionados con el juicio. “No encontramos ningún asesinato”, dijo el Dr. Lee.

En cambio, encontraron explicaciones que el jurado nunca escuchó. Muchos de los bebés eran prematuros y de bajo peso con problemas crónicos, lo que los hacía más propensos a morir por causas naturales. La mayoría de ellos recibieron malos cuidados. En un caso, el panel determinó que, en lugar de la embolia aérea que el Dr. Evans había diagnosticado, el bebé probablemente había muerto de sepsis y neumonía después de que su madre no hubiera recibido antibióticos con la suficiente rapidez. En otro caso, la fiscalía dijo que Letby había infligido un traumatismo al hígado de un bebé, pero el panel concluyó que un parto traumático había causado las lesiones.

Incluso la idea de que dos bebés habían sido envenenados con insulina, una teoría aceptada en el estrado por la Sra. Letby (aunque negó que fuera ella quien lo hizo), fue contradicha. El panel dijo que la teoría se había basado en una interpretación incorrecta de los análisis de sangre: los niveles de insulina de los bebés estaban dentro del rango normal para los bebés prematuros, dijeron los médicos.

Más allá de los errores individuales, la unidad neonatal del hospital Countess of Chester también parece haber sido fundamentalmente insegura. La dotación de personal inadecuada, el liderazgo deficiente y las demoras en buscar asesoramiento fueron detectados en un informe de 2016 del Royal College of Paediatrics and Child Health, un organismo profesional, en consonancia con las deficiencias encontradas en las investigaciones sobre otros escándalos de maternidad en Inglaterra. En una declaración a la investigación de Thirlwall, un padre recordó haber visto a una enfermera buscando en Google cómo hacer un drenaje pulmonar a su trillizo.

Los datos de la Care Quality Commission, un regulador, sugieren que el hospital no informó sobre dos de las muertes atribuidas a la Sra. Letby. Entre ellos se encontraba un bebé que murió por complicaciones respiratorias, agravadas por una bacteria resistente a los fármacos detectada en su tubo traqueal. En el juicio, un fontanero de la finca describió cómo a veces se producían “inundaciones de aguas residuales” en la unidad. El tribunal observó que una mala fontanería podía ser un factor en la infección bacteriana. El hospital tardó en degradar la unidad tras el aumento de las tasas de mortalidad y no tenía procedimientos sólidos para investigar las muertes. “Si esto fuera un hospital de Canadá, lo habrían cerrado”, dijo el Dr. Lee.

Nada de esto demuestra que Letby sea inocente. La fiscalía se basó en otras pruebas circunstanciales: las hojas de entrega confidencial que Letby escondió debajo de su cama como “trofeos”; las notas escritas a mano (“Soy malvada, hice esto”), aunque es posible que se hayan escrito como terapia. Pero en un caso construido sobre cimientos débiles, están apareciendo grandes grietas. “Creo que está más allá de toda duda razonable que esta condena no es segura”, dice el profesor Hutton. “No sólo eso, en mi opinión, está más allá de toda duda razonable que nunca debió haber habido un juicio”.

¿De vuelta a la corte?

Si el caso se derrumba es otra cuestión. El equipo de defensa de la Sra. Letby no presentó ninguna de las nuevas pruebas durante el juicio, y las apelaciones requieren nuevas pruebas que no se podrían haber considerado previamente. Los únicos testigos que llamó la defensa fueron la Sra. Letby y el fontanero. “Nuestro sistema en este país es en gran medida un bocado de la cereza”, dice Glyn Maddocks, un abogado que ha apelado con éxito errores judiciales. Señala que las solicitudes exitosas a la CCRC son increíblemente raras.

Aun así, parece “bastante probable” que la CCRC remita el caso de nuevo al Tribunal de Apelación, considera Lord Ken Macdonald, ex director de la CPS. En parte, esto se debe a que el organismo de revisión aún se está recuperando del reciente caso de alto perfil de Andrew Malkinson, que pasó 17 años en prisión después de ser condenado injustamente por violación. No querrá otro. Sin embargo, cualquier decisión llevará tiempo, sobre todo porque la CCRC está muy mal financiada. También es difícil predecir qué haría el tribunal de apelación en caso de que se remitiera el caso.

Pase lo que pase, el caso no sólo ha revelado los horrores de la forma en que los hospitales atienden a los bebés, sino que ha expuesto profundas fallas en el sistema de justicia penal y corre el riesgo de socavar aún más la confianza en la ley. “Sin duda, nos está diciendo que, como nación, tenemos que reflexionar sobre si nuestros procesos están funcionando como queremos”, afirma la profesora Neena Modi, neonatóloga, que también formó parte del panel de expertos. Hacerlo traerá un nuevo dolor a las familias de las víctimas, pero la seguridad de las futuras víctimas depende de ello.