Una niña de cuatro años nacida en México, diagnosticada con síndrome de intestino corto, podrá permanecer legalmente en Estados Unidos por un año adicional, tras la intervención de autoridades migratorias estadounidenses.

La menor, identificada como S.G.V., había sido notificada en abril de 2025 de la revocación de su permiso humanitario, una medida que también afectó a su madre, Deysi Vargas. Ambas ingresaron legalmente a EE.UU. en julio de 2023 por razones médicas.

El caso fue reportado por distintos medios, luego de que la familia alertara que una posible deportación interrumpiría el tratamiento especializado que mantiene con vida a la menor. La condición médica, según médicos tratantes, requiere 14 horas diarias de nutrición intravenosa y no puede ser replicada en México debido a la falta de infraestructura hospitalaria y personal especializado para la atención ambulatoria.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comunicó oficialmente el 3 de junio que la familia había recibido una extensión del permiso humanitario por un año, hasta el 1 de junio de 2026. La decisión llegó después de una campaña pública de respaldo, incluyendo una carta firmada por 38 legisladores del Congreso de EE.UU. y gestiones diplomáticas por parte del gobierno mexicano.

Según NBC News, la familia recibió una notificación oficial en abril de 2025 informando que su permiso humanitario había sido cancelado antes de la fecha de vencimiento original, junto con la autorización para trabajar. El documento advertía que, si no abandonaban voluntariamente el país, serían sujetos a procesos legales y posibles acciones penales, multas civiles y deportación.

La revocación fue parte de una serie de medidas adoptadas por la administración del presidente Donald Trump, orientadas a revertir programas migratorios implementados durante el gobierno de Joe Biden. Los Angeles Times reportó que miles de personas en situación similar recibieron comunicados con el mismo contenido, incluyendo instrucciones para utilizar la aplicación migratoria CBP Home, un sistema promovido para la auto expulsión voluntaria.

Más de 100 inmigrantes indocumentados fueron arrestados durante una operación de cumplimiento dirigida por el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE)en sitios de construcción en Tallahassee, Florida.

La redada se llevó a cabo el 29 de mayo, como parte de una operación conjunta de agencias bajo la dirección de ICE Homeland Security Investigations Tallahassee y con la colaboración significativa de múltiples agencias estatales y federales. Los detenidos provienen de varios países, incluidos Nicaragua, El Salvador, Guatemala, México, Venezuela, Colombia y Honduras.

Estas acciones de ejecución buscan eliminar los empleos ilegales y responsabilizar a los empleadores, además de proteger las oportunidades laborales para la fuerza laboral legal de Estados Unidos, afirmó Nicholas Ingegno, asistente del agente especial a cargo del HSI Tallahassee. Esta redada también fue respaldada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien la calificó como un “gran golpe”.

Sin embargo, la operación ha provocado un debate en la comunidad. A pesar de que algunos, incluidos funcionarios estatales, defendieron las acciones de ICE como necesarias para la seguridad pública, otros en Tallahassee se manifestaron en contra. La Tallahassee Immigrant Rights Alliance organizó una protesta el 30 de mayo en el Capitolio del Estado, argumentando que los arrestos no reflejan los valores de la comunidad.

Un operativo con múltiples agencias federales

La operación involucró a varias agencias del estado y federales, como la Florida Highway Patrol, el FBI, la Drug Enforcement Administration (DEA), Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF), el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida, y el Internal Revenue Service – Criminal Investigations (IRS).

La redada se enfocó en sitios de construcción, incluyendo un proyecto de apartamentos llamado Perla at the Enclave, cercano a la Universidad Estatal de Florida (FSU). Durante la operación, un individuo fue arrestado por resistirse a la detención y enfrenta cargos por cuatro delitos de asalto a oficiales de la ley. Otro intentó sacar un arma contra los agentes.