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Dos cirujanas detenidas, desnudadas y esposadas en hospitales militares de Venezuela

Dan órdenes, sean activos o retirados de cualquier componente de las Fuerzas Armadas. Pretenden imponerse por encima de protocolos de seguridad, de recomendaciones médicas, de la asignación de personal. Todo con la excusa de la revolución

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La presencia de los militares en todas las instancias públicas del país pasó de ser intromisión para convertirse en un peligro para la población, cuando se trata de la administración de salud. Aunque ya no son ministros ni presidentes del Seguro Social, los militares siguen metidos en el área de Salud, lo que le permite a un sargento dar órdenes a profesionales de la medicina, como ocurre en el Hospital Calles Sierra del estado Falcón.

Es la herencia que dejó Hugo Chávez desde que nombró, como Ministro de Salud, al Mayor General Jesús María Mantilla Oliveros (2007-2009), al general (Ej) Carlos Alberto Rotondaro Cova (2009-2010), le siguió el coronel (Av) Luis Reyes Reyes (febrero a mayo 2010), después la coronela (Av) Eugenia Sader Castellanos (2010-2013), quien dejó una vergonzosa estela de corrupción, aunado a que también los militares controlaron durante años el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Los militares dan órdenes, sean activos o retirados, sean de la Guardia Nacional o de la Guardia del Pueblo o cualquier componente, pretendiendo imponerse por encima de protocolos de seguridad, de recomendaciones médicas, de la asignación de personal. Todo con la excusa de la revolución. Esa acción es más perversa aún si quien lo hace pregona estar amparado por altos funcionarios militares, del Ministerio de Salud y del Seguro Social.

Un hecho significativo sucede con Joelvic José Delgado Colina, Sargento Primero retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), y quien así se presenta para presionar o amenazar. Es el encargado de la vigilancia del Hospital Tipo III “Dr. Rafael Calles Sierra”, perteneciente al Instituto venezolano de los Seguros Sociales, ubicado en Punto Fijo, estado Falcón.

El cargo de Delgado Colina está adscrito a la Dirección General de Prevención y Control de Pérdidas (PCP) del Seguro Social, y publica ser Jefe de la ZISS Falcón (Zona Integral de Seguridad de la Salud) en el IVSS, desde donde se dedica a perseguir a mujeres médicos de ese Hospital, sin que ninguna autoridad del Hospital o del Seguro dé la cara por ellas, víctimas de un individuo misógeno cuando de mujeres profesionales se trata.

Con la excusa de ser chavista y revolucionario, el funcionario de vigilancia, quien vive en Punta Cardón, Punto Fijo, municipio Carirubana, y tiene adscrito un Centro de juegos y Apuestas, violenta las normas de la institución hospitalaria, los protocolos de seguridad, lo que ha llegado a convertirse en un grave riesgo de muerte para pacientes, personal del Hospital y población en general, porque Joelvic Delgado dispone el ingreso discrecional de familiares y amigos, así como ordena que sean hospitalizados pacientes en zonas de COVID, que no cuenta con las camas requeridas debido al alto número de contagiados que hay en la península de Paraguaná.

PRESAS Y SIN DEFENSA

El 24 de abril del año pasado dos doctoras del Hospital Calles Sierra fueron detenidas. Con frecuencia Joelvic Delgado hacía requisas en el dormitorio, con marcada insistencia en las guardias de las doctoras a quienes vigilaba de manera sistemática. Otras veces había encontrado insumos que el personal dejaba tirados.

Ese día la emergencia del Calles Sierra estaba a reventar. Delgado Colina le dice a una de las doctoras que le abra la puerta del dormitorio y ella le responde que le dé unos minutos mientras deja a alguien para que ingrese a unas parturientas.

Cuando llega al cuarto, la doctora se da cuenta que en la puerta no hay cerradura alguna, por lo que extrañada le dice al vigilante y al otro que lo acompañaba que para qué la buscan si en esa puerta no hay cerradura. “Es que alguien debe estar presente”, le responde Delgado.

La doctora empuja la puerta y de inmediato ingresa un funcionario de la Guardia Nacional, quien entra al baño y mira rápidamente, después se sube a la cama y saca del techo una bolsa con unas ampollas. Delgado Colina, levantando la voz, pregunta qué hace eso ahí; la respuesta de la doctora es que ella viene llegando de la calle y no sabe nada de eso y se retira hacia la emergencia.

Posteriormente se presenta la Policía Nacional y cuatro de esos funcionarios escoltan a la cirujana hasta la dirección del Hospital Calles Sierra, donde hay varios guardias nacionales, Joelvic Delgado, el director Chirino Fonseca, otros médicos, quienes estaban conversando. De repente sacan a los médicos y solo quedan las dos cirujanas con los funcionarios militares y policiales. Sobre la mesa había gran cantidad de insumos médicos.

Les dijeron que las dos mujeres debían ir a la sede de la Policía Nacional a dar declaraciones, hecho que fue aceptado por los directivos del Hospital. Ya en la sede de la PNB, el comandante de esta da la orden que les coloquen las esposas a las dos mujeres médicos y las detengan, siendo trasladadas a un cuarto, donde las desnudaron para requisarlas, les quitaron las pertenecías que tenían encima, les colocaron las esposas y les tomaron fotos para reseña policial.

Ahí las cirujanas se enteraron de que quien llamó a la PNB, a la GNB y denunció fue Joelvic José Delgado Colina. Todo el día permanecieron las médicos esposadas y sentadas en unas sillas, hasta que en la noche llegó la Fiscal Superior, se hizo el procedimiento requerido, sin que hubiese pruebas algunas más que la denuncia de Delgado por lo que las dos mujeres fueron dejadas en libertad plena al día siguiente después de la audiencia.

Cuando las mujeres se reincorporan a su trabajo, Delgado Colina se dedicó a perseguirlas, a acosarlas, hasta que una de ellas decidió no seguir en el Hospital Calles Sierra.

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Megarredada en Florida: más de 100 migrantes arrestados en construcción

Los agentes del ICE detuvieron a personas indocumentadas originarias de México, Venezuela, Colombia y varios países de Centroamérica

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Más de 100 inmigrantes indocumentados fueron arrestados durante una operación de cumplimiento dirigida por el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE)en sitios de construcción en Tallahassee, Florida.

La redada se llevó a cabo el 29 de mayo, como parte de una operación conjunta de agencias bajo la dirección de ICE Homeland Security Investigations Tallahassee y con la colaboración significativa de múltiples agencias estatales y federales. Los detenidos provienen de varios países, incluidos Nicaragua, El Salvador, Guatemala, México, Venezuela, Colombia y Honduras.

Estas acciones de ejecución buscan eliminar los empleos ilegales y responsabilizar a los empleadores, además de proteger las oportunidades laborales para la fuerza laboral legal de Estados Unidos, afirmó Nicholas Ingegno, asistente del agente especial a cargo del HSI Tallahassee. Esta redada también fue respaldada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien la calificó como un “gran golpe”.

Sin embargo, la operación ha provocado un debate en la comunidad. A pesar de que algunos, incluidos funcionarios estatales, defendieron las acciones de ICE como necesarias para la seguridad pública, otros en Tallahassee se manifestaron en contra. La Tallahassee Immigrant Rights Alliance organizó una protesta el 30 de mayo en el Capitolio del Estado, argumentando que los arrestos no reflejan los valores de la comunidad.

Un operativo con múltiples agencias federales

La operación involucró a varias agencias del estado y federales, como la Florida Highway Patrol, el FBI, la Drug Enforcement Administration (DEA), Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF), el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida, y el Internal Revenue Service – Criminal Investigations (IRS).

La redada se enfocó en sitios de construcción, incluyendo un proyecto de apartamentos llamado Perla at the Enclave, cercano a la Universidad Estatal de Florida (FSU). Durante la operación, un individuo fue arrestado por resistirse a la detención y enfrenta cargos por cuatro delitos de asalto a oficiales de la ley. Otro intentó sacar un arma contra los agentes.

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FBI vincula a Maduro con el Tren de Aragua, según un nuevo memorándu

El documento sugiere que el chavismo podría estar facilitando la migración a Estados Unidos de miembros de la peligrosa banda para desestabilizar la seguridad pública estadounidense

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Según un memorando de inteligencia del FBI dado a conocer recientemente, algunos funcionarios de la dictadura de Nicolás Maduro podrían estar vinculados con el accionar del grupo criminal Tren de Aragua en Estados Unidos. Esta revelación se enmarca en una tensa discusión entre agencias de inteligencia sobre el uso de una ley de tiempos de guerra por parte del presidente Donald Trump.

El documento fue presentado a un juez federal en Texas antes de una audiencia, en medio de múltiples demandas que cuestionan la aplicación de la ley “Alien Enemies Act” para deportar a supuestos miembros de la banda a una prisión en El Salvador.

El memorando del FBI sugiere que la dictadura de Maduro podría estar facilitando la migración a Estados Unidos de miembros del Tren de Aragua para desestabilizar la seguridad pública estadounidense. Aunque el análisis destaca que el chavismo utiliza a miembros de la banda como proxis, muchas agencias de inteligencia, incluyendo la CIA y la NSA, han rechazado estas conclusiones del FBI, presentando una visión opuesta.

La carta del Consejo Nacional de Inteligencia destaca que no considera creíble la información que vincula a líderes venezolanos con la dirección o apoyo a las operaciones de la banda en Estados Unidos. Este desacuerdo en las evaluaciones generó un debate interno y algunos organismos señalan falta de evidencias concretas que sustenten la supuesta colaboración entre el régimen de Maduro y el grupo criminal.

Por su parte, el uso de la “Alien Enemies Act” por parte de Trump para efectuar deportaciones y sin juicio ha sido objeto de múltiples impugnaciones legales. La justicia estadounidense ha detenido estas actividades, citando que la ley no es aplicable al contexto migratorio presente, sino más bien a situaciones de guerra.

En marzo, Trump aseguró que la dictadura chavista controla al Tren de Aragua, lo cual justificó el uso de la mencionada ley para enviar aviones llenos de migrantes a El Salvador. El análisis de febrero por parte del Consejo Nacional de Inteligencia contradijo esta afirmación, provocando una investigación por filtración de información y subsecuentes solicitudes para reevaluar las conclusiones. A pesar de estas acciones, el consejo mantuvo su posición de que la visión del FBI no es creíble ni está respaldada por suficientes pruebas.

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