Durante una visita oficial el 1 de julio, el presidente Donald Trump recorrió un nuevo centro de detención de migrantes en Ochopee, Florida, apodado informalmente “Alcatraz de los caimanes”.

La instalación, ubicada en una zona remota de los Everglades y rodeada de fauna salvaje como caimanes, fue presentada como un símbolo de su política migratoria más estricta.

El centro, construido sobre una antigua pista de aterrizaje, tiene capacidad para hasta 5.000 detenidos y está diseñado para facilitar deportaciones rápidas. Trump, acompañado por el gobernador Ron DeSantis y la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, defendió el lugar como una solución “eficiente y segura”, mientras bromeaba sobre los caimanes como “guardias naturales” que disuadirían intentos de fuga.

La frase que más resonó fue: “La única salida es un vuelo de ida”, en referencia al aislamiento del centro y su función como punto de deportación directa. Sin embargo, la visita generó fuertes críticas de activistas, comunidades indígenas y defensores del medio ambiente, quienes denunciaron el impacto ecológico y el mensaje “cruel” que representa esta instalación.

La administración de Donald Trump ha lanzado una nueva ofensiva migratoria al proponer la revocación de la ciudadanía estadounidense a migrantes naturalizados que hayan cometido delitos civiles.

Según un memorando del Departamento de Justicia fechado el 11 de junio, se insta a los fiscales a priorizar los procesos de desnaturalización en casos que incluyan delitos como fraude financiero, tráfico de personas, delitos sexuales, pertenencia a cárteles de droga o incluso violaciones a programas como Medicaid y Medicare.

Lo más polémico es que estos procedimientos se llevarían a cabo por la vía civil, lo que significa que los acusados no tendrían derecho a un abogado, a diferencia de los procesos penales. Además, el documento otorga amplia discrecionalidad a los fiscales para decidir qué casos procesar, lo que ha generado preocupación entre expertos legales por el riesgo de arbitrariedad y violaciones a los derechos fundamentales.

La medida ha sido comparada con prácticas de la era McCarthy, cuando se utilizó la desnaturalización como herramienta política. Aunque la desnaturalización no es nueva, también se aplicó durante el gobierno de Obama en casos de fraude migratorio. Esta nueva directiva amplía su alcance y la convierte en una de las cinco prioridades del Departamento de Justicia bajo la actual administración.