El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó los primeros resultados de las acciones militares contra los grupos delincuenciales que han sido declarados como terroristas.
Las Fuerzas militares de Ecuador abatieron a cinco terroristas y detuvieron a 329, según informó el jefe del Comando Conjunto, Jaime Vela. Este es el primerinforme oficial sobre las operaciones realizadas en el país que lleva más de 24 horas de actos violentos en todo el territorio.
El almirante Vela también señaló que las fuerzas del orden lograron decomisar 61 armas de diferentes calibres, 418 municiones y 24 explosivos. También 28 reos que escaparon de las prisiones fueron recapturados y 41 rehenes fueron rescatados.
Sobre la situación de los guías penitenciarios y otros funcionarios retenidos en cinco prisiones de Ecuador, Vela indicó que, según la información que las Fuerzas Armadas recibieron del Servicio de Cárceles (SNAI), “no existe ningún rehén que haya sido asesinado”. Esta tarde el SNAI confirmó que al menos 139 rehenes continúan sometidos en las cárceles. No obstante, aún no se ha informado si las fuerzas del orden lograron ingresar a las prisiones en las que se registraron motines. Hay dos policías secuestrados en el interior de la cárcel de Turi, en Cuenca, según informó la Policía.
El Alto Mando militar y el comandante de la Policía informaron sobre los resultados de las acciones ejecutadas en Ecuador.
La tarde de este miércoles, la Asociación de Servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria de Ecuador presentó una acción jurídica y rechazó que los agentes penitenciarios tomados por rehenes continúen secuestrados en las prisiones por tercer día consecutivo.
Al referirse a los más de 300 detenidos, el comandante del Ejército ecuatoriano, Nelson Proaño, indicó que la mayoría de los sujetos aprehendidos pertenecen a las bandas Tiguerones, Lobos y Choneros. Estos grupos junto a otros fueron declarados como terroristas y entes no estatales beligerantes que son blancos militares, a partir del decreto 111 suscrito por el presidente Daniel Noboa. En dicho decreto se reconoció que Ecuador enfrenta un conflicto armado interno.
Las Fuerzas Armadas confirmaron la quema de una guarida de Los Tiguerones en el sector La Guacharaca, en Esmeraldas: “Continuaremos quemando y desapareciendo los escondites donde los terroristas se esconden luego de cometer delitos”, indicó el almirante Vela. Asimismo, sobre el uso de armamento militar peruano por parte de los terroristas, el jefe del Comando Conjunto dijo que no pueden confirmar si eso sucedió.
Se ejecutan operativos militares en las fronteras ecuatorianas. (Colprensa)
“Les pido que tengan fe y confianza en sus Fuerzas Armadas y en su Policía Nacional”, dijo Vela y aseguró que buscan recuperar el control del país lo antes posible.
La mañana del 10 de enero, Noboa se pronunció sobre los últimos actos violentos suscitados en el país. El mandatario, que lleva menos de dos meses en el poder, aseguró que el gobierno está “combatiendo al narcoterrorismo” y señaló que no cederá ante los criminales a quienes tildó de “terroristas”.
Durante la entrevista, el mandatario agradeció los pronunciamientos de otros gobiernos que quieren apoyar a Ecuador. El gobierno de Estados Unidos expresó su “extrema preocupación” por la violencia en Ecuador y ofreció su apoyo al gobierno de Noboa. Lo propio hicieron Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay y Perú, que condenaron las acciones del crimen organizado.
Daniel Noboa en sus declaraciones del miércoles 10 de enero. (Presidencia de Ecuador)
Noboa fue enfático en decir que su gobierno no cederá a los ataques, amedrentamientos y condiciones que quieren imponer los grupos de delincuencia organizada. El presidente contó que las bandas intentaron imponer a las autoridades que no se traslade de prisión a los líderes criminales y que no se construyan las nuevas cárceles en Santa Elena y Pastaza. En cuanto a la fuga de prisión de alias Fito, uno de los criminales más conocidos del país, dijo que la noche del sábado sí habría estado en la cárcel, según una lista que registró el SNAI y aseguró que con las administraciones que le antecedieron, el líder de Los Choneros entraba y salía de la cárcel “como perro por su casa”.
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Durante una visita oficial el 1 de julio, el presidente Donald Trump recorrió un nuevo centro de detención de migrantes en Ochopee, Florida, apodado informalmente “Alcatraz de los caimanes”.
La instalación, ubicada en una zona remota de los Everglades y rodeada de fauna salvaje como caimanes, fue presentada como un símbolo de su política migratoria más estricta.
El centro, construido sobre una antigua pista de aterrizaje, tiene capacidad para hasta 5.000 detenidos y está diseñado para facilitar deportaciones rápidas. Trump, acompañado por el gobernador Ron DeSantis y la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, defendió el lugar como una solución “eficiente y segura”, mientras bromeaba sobre los caimanes como “guardias naturales” que disuadirían intentos de fuga.
La frase que más resonó fue: “La única salida es un vuelo de ida”, en referencia al aislamiento del centro y su función como punto de deportación directa. Sin embargo, la visita generó fuertes críticas de activistas, comunidades indígenas y defensores del medio ambiente, quienes denunciaron el impacto ecológico y el mensaje “cruel” que representa esta instalación.
La administración de Donald Trump ha lanzado una nueva ofensiva migratoria al proponer la revocación de la ciudadanía estadounidense a migrantes naturalizados que hayan cometido delitos civiles.
Según un memorando del Departamento de Justicia fechado el 11 de junio, se insta a los fiscales a priorizar los procesos de desnaturalización en casos que incluyan delitos como fraude financiero, tráfico de personas, delitos sexuales, pertenencia a cárteles de droga o incluso violaciones a programas como Medicaid y Medicare.
Lo más polémico es que estos procedimientos se llevarían a cabo por la vía civil, lo que significa que los acusados no tendrían derecho a un abogado, a diferencia de los procesos penales. Además, el documento otorga amplia discrecionalidad a los fiscales para decidir qué casos procesar, lo que ha generado preocupación entre expertos legales por el riesgo de arbitrariedad y violaciones a los derechos fundamentales.
La medida ha sido comparada con prácticas de la era McCarthy, cuando se utilizó la desnaturalización como herramienta política. Aunque la desnaturalización no es nueva, también se aplicó durante el gobierno de Obama en casos de fraude migratorio. Esta nueva directiva amplía su alcance y la convierte en una de las cinco prioridades del Departamento de Justicia bajo la actual administración.